28 municipios

Pacto por la Vivienda

ANDALUCIA

28 municipios se unen a la estrategia de Junta y Diputación.

El Pacto por la Vivienda ya es una iniciativa asumida por 28 municipios de la provincia de Cádiz con poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Alcaldes y concejales de estos ayuntamientos han suscrito en Diputación el Protocolo Provincial de Vivienda y Suelo, igualmente rubricado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas y por el presidente de Diputación, Francisco González Cabaña.

El Pacto está fundamentado en la necesidad de agilizar la construcción de vivienda protegida como medio para cumplir el derecho constitucional y estatutario de acceso a una vivienda digna. A esta razón de fondo se le une en estos momentos la necesidad de incentivar al sector de la construcción.
La estrategia del Pacto por la Vivienda fue concertada por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias el 13 de diciembre de 2007; su aplicación en los municipios con menos de veinte mil habitantes fue acordada el 15 de enero de 2008 por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y los titulares de las ocho Diputaciones andaluzas. Los objetivos del Pacto han sido hoy refrendados por 28 de los 29 municipios de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes (sólo el Ayuntamiento de Ubrique ha renunciado a la firma del protocolo).
Las localidades firmantes son las siguientes: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Vejer, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra.
Un primer análisis sobre demanda realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía determina la necesidad de 7.688 viviendas en el conjunto de municipios que hoy han suscrito el protocolo. No obstante Diputación comunicará a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, antes del 30 de junio, la programación específica de cada municipio que servirá de base para el Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 que adoptará el Gobierno autonómico.
Antes de llegar a estos detalles los Ayuntamientos precisarán los suelos aptos en sus respectivos términos; esta información municipal se someterá a un análisis de viabilidad emprendido por Diputación en coordinación con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). En estos procesos Diputación empleará los recursos de dos áreas –Vivienda y Suelo, así como Asistencia a Municipios- y de dos empresas públicas, Provisa y Gitsa, si bien estas dos sociedades van a fusionarse próximamente en una nueva entidad.
Una vez que se concrete la programación específica antes del 30 de junio, con actuaciones viables económica y jurídicamente, se podrán firmar los convenios de gestión con cada Ayuntamiento. En dichos convenios se distinguirán dos fases: una inicial aplicable en los dos primeros años del Pacto por la Vivienda en suelos edificables; y una segunda fase, aplicable en cuatro años, prevista en los suelos pendientes de desarrollo.
Dos terceras partes de las viviendas protegidas que se construyan al amparo de este acuerdo se destinarán a familias cuyos ingresos no superen en 2´5 veces el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Los inmuebles dispondrán de una superficie comprendida entre los 70 y los 80 metros cuadrados y su precio no excederá de los 80.000 euros.
El Pacto por la Vivienda trata de superar los escollos económicos que encuentran diversos sectores de la población para acceder a una vivienda: menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad, familias monoparentales, familias numerosas o con personas dependientes, personas con riesgo de exclusión social… conforman un colectivo prácticamente desvinculado del mercado inmobiliario.
El presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, ha destacado que “ya no hay excusas para acelerar el ritmo de construcción de viviendas protegidas”, a tenor de la normativa vigente: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley de Vivienda y Suelo, decreto para regular la instalación de campos de golf así como los procedimientos aplicados para agilizar la dotación de nuevas reservas de suelo. El consejero Juan Espadas se ha manifestado en la misma línea, al reiterar que la construcción de vivienda protegida cuenta con un contexto legal muy favorable “y se trata de una prioridad política reafirmada en la nueva estructura del Gobierno andaluz con la creación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio”.
Al acto celebrado en Diputación también han asistido el responsable del área de Vivienda y Suelo de la administración provincial, José Antonio Barroso, así como el delegado provincial del Gobierno andaluz, José Antonio Gómez Periñán, entre otras autoridades.