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La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 29/10/2008

El alcalde dice que no autorizó construir en suelo rústico

LORA DE ESTEPA

Un empresario y concejal del PP sostiene que el regidor le dio permiso “verbal” para edificar una vivienda y varias naves.

El alcalde de Lora de Estepa, el socialista Salvador Guerrero, aseguró ayer que no autorizó la construcción de una vivienda y varias naves en un suelo rústico, hechos por los que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicita una condena para el regidor de un año de prisión y otros ocho de inhabilitación como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio.
En el juicio, que se celebró en el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, Salvador Guerrero sostuvo que únicamente autorizó el cercado de la finca de 8.000 metros cuadrados que había adquirido el empresario y concejal del PP José Manuel Díaz Guillén, que también se enfrenta a un año de cárcel por realizar las construcciones ilegales, que incluían un picadero y un centro terapéutico con caballos para discapacitados.
El alcalde defendió que una vez que el empresario adquirió la finca se personó en la misma en abril de 2005 y sólo autorizó las labores de cercado, no las otras construcciones. Salvador Guerrero reconoció que en el mes de septiembre accedió a la continuación de las obras en tres naves destinadas a pajar, vivienda rural y almacén de aperos, un permiso que estaba “supeditado” a la decisión que pudiera adoptar en su día la Junta de Andalucía, que emitió un informe negativo a las obras en una finca que tenía una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo. El alcalde señaló que en aquella época el municipio no tenía ni siquiera Policía Local y contrataba los servicios de un perito para la realización de las inspecciones urbanísticas.
El empresario José Manuel Díaz aseguró, en cambio, que el alcalde le autorizó “verbalmente” la realización de las construcciones. “Me dijo que no había problema”, señaló el también edil popular, que añadió que la práctica habitual para la concesión de licencias urbanísticas en esta pequeña localidad de 800 habitantes consistía en solicitar la licencia “cuando se terminaba” la obra.
El alcalde loreño admitió que había “actuaciones” para las que las licencias sí se daban verbalmente, “previo ingreso de la tasa de licencia de obras”.
El empresario precisó que desconocía la calificación urbanística del terreno que compró e insistió en que si llega a conocer los problemas que le iba a causar esta finca no la hubiese comprado. José Manuel Díaz negó que hubiese levantado una vivienda rural, ya que, según explicó, sólo se construyó una vivienda para el guarda que estaba al cuidado de los caballos, así como una oficina y un comedor.
El imputado indicó que las relaciones que mantenía con el alcalde eran normales, si bien admitió que tuvieron un enfrentamiento político y atribuyó la denuncia que el regidor presentó contra él por las edificaciones a “un calentón inducido por otras personas”.
El alcalde, por su parte, negó estas manifestaciones, al afirmar que “a nivel de Alcaldía, un calentón no vale para nada”.
Noticia original Diario Sevilla

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