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La Fiscalía pide cárcel para el alcalde por obras ilegales

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 07/01/2011

El edil autorizó unas viviendas en suelo rústico

LORA DE ESTEPA

La secretaria municipal y dos promotores también han sido imputados

La Fiscalía de Urbanismo ha pedido un año de cárcel y 18 de inhabilitación para Salvador Guerrero Reina, alcalde de Lora de Estepa, por autorizar unas viviendas en suelo rústico con “plena conciencia de ser manifiestamente contrarias a la legalidad”. El escrito de acusación se dirige contra el alcalde, la secretaria municipal Carmen Rosario Prados y dos promotores urbanísticos, acusados de construir 17 viviendas en el lugar conocido como Piedra del Águila, calificado como “suelo no urbanizable común”.

Conociendo dicha calificación, los acusados se concertaron para “burlar las limitaciones para edificar”, pese a que la finca de 12.052 metros cuadrados era expresamente mencionada como rústica en el contrato de compraventa.

El alcalde y los promotores G.M.M. y E.F.M contaron con la colaboración de la secretaria municipal, que “no puso objeción alguna a la evidente ilegalidad que se preparaba” y “silenció la necesidad de informes técnicos previos” al convenio urbanístico.

Este documento “burlaba el planeamiento vigente” e incluso incumplía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía al no señalar que la cantidad que debería recibir el Ayuntamiento en contraprestación al aprovechamiento urbanístico debía integrarse en el patrimonio público del suelo, según la Fiscalía. Con el mismo fin, hicieron luego un “proyecto ilegal de reparcelación” y el 12 de julio de 2005 el alcalde concedió la licencia de obras “con la misma plena conciencia de ser manifiestamente contraria a la legalidad”.

Los promotores vendieron las parcelas en 2007 a terceros compradores que desconocían las irregularidades expuestas.

La Fiscalía imputa a Salvador Guerrero un delito continuado de prevaricación, por el que pide nueve años de inhabilitación especial para cargo público, y dos delitos contra la ordenación del territorio, por los que pide otros nueve años de inhabilitación, un año de prisión y dos multas de 9.000 y 2.700 euros. A la secretaria municipal imputa dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio, por los que pide nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación, y a los promotores un año de cárcel y nueve años de inhabilitación para cargo público y otros dos para ejercer como promotor y constructor.

El escrito del fiscal precisa que no se ha demostrado que el alcalde o la secretaria obtuvieran ningún beneficio económico de la operación urbanística.

Noticia original: Diario de Sevilla

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