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Alternativa Mijeña+Los Verdes y Primavera Andaluza presentan Moción para modificar Ley Presupuestaria y parar los desahucios.

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 26/10/2012

ALTERNATIVA MIJEÑA – LOS VERDES y PRIMAVERA ANDALUZA DE MÁLAGA

MIJAS

comparecen y como mejor proceda en Derecho, siendo representados por Juan Jesús Porras Blanco como concejal de pleno derecho en este Ayuntamiento de Mijas, DICEN que mediante el presente escrito y de conformidad con lo establecido en el art. 97.3, en relación con el art. 91.4 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno de esta corporación la siguiente MOCIÓN:

SOBRE la modificación de la Ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos en el municipio andaluz de Mijas, en la Comunidad Autónoma Andaluza y en el resto del estado español.

SOBRE el apoyo del Ayuntamiento de Mijas a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social promovida por diversas organizaciones sindicales y asociaciones vecinales afectadas por los desahucios.

SOBRE el apoyo del Ayuntamiento de Mijas al Manifiesto La Utopía por el derecho efectivo a una vivienda digna en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias españolas han llegando a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. En Andalucía hablamos de más de seiscientas mil familias.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre el año dos mil siete y dos mil diez en el Estado español se habrán producido cerca de trescientas mil ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre el año dos mil once y el dos mil doce se podría llegar a la cifra de quinientas mil.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del noventa por ciento de los casos), con la Ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el cincuenta por ciento del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a las personas que avalan. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y económica sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el cincuenta por ciento del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de la cláusula suelo.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos públicos emanados incluso de la ciudadanía afecta a los desahucios, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales que no repercuten en lo más mínimo, por medio de su reparto, al Estado que les ha ayudado.

Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico andaluz y español, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo cuarenta y siete de la Constitución Española vigente, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también el artículo treinta y tres de la ley fundamental, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo veinticuatro que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo veinticinco) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo once), especialmente a partir de su Observación General número cuatro -que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General número siete -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda-. El artículo veinticinco del Estatuto de Autonomía de Andalucía refrenda el derecho constitucional de las personas que viven en Andalucía a una vivienda digna y adecuada.

Lo expuesto en la presente moción plenaria depende básicamente de una normativa de competencia estatal y la falta de desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero los efectos dramáticos más visibles se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los Ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar, porque vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios, aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera, conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social de sus habitantes, y considerando que los Ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.

Tampoco en esto Mijas es ajena al resto de España, en nuestro municipio ya se han producido embargos por impago de hipotecas, se ejecutan subastas que en muchos casos quedan desiertas, y todo hace prever que en un futuro no muy lejano multitud de familias de nuestro pueblo se vean afectadas por esta terrorífica injusticia.

Por todo ello, el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas (Málaga), haciéndose eco de lo expuesto, acuerda aprobar la presente moción desarrollando los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

SEGUNDO. Exigir la intervención legislativa del gobierno andaluz, en el ámbito de sus competencias, para poner fin al drama de todas las familias que no tienen techo o se están quedando sin él en el territorio andaluz.

TERCERO. Pedir al Gobierno andaluz que emprenda una batalla política y legal contra el Gobierno central para que se regule la dación en pago como se establece en el acuerdo primero de esta moción, alineándose y apoyando la Iniciativa Legislativa Popular que promueven diversas organizaciones sindicales y asociaciones no gubernamentales afectas al tema de la misma moción, de regulación de la dación en pago, de alquiler social y de paralización de los desahucios, y traslade a la Unión Europea la necesidad de un marco jurídico y económico que ponga fin a la tragedia que sufren miles de ciudadanos andaluces y ciudadanas andaluzas.

CUARTO. Instar al Gobierno central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

QUINTO. Exigir Gobierno andaluz que considere las viviendas que posee la banca en Andalucía un bien social con medidas legislativas efectivas que obliguen a las entidades bancarias a alquilarlas a las familias con necesidades, a precios acordes a sus posibilidades según lo establecido en el acuerdo cuarto de esta moción y con el aval de la Junta de Andalucía.

SEXTO. Más allá de las medidas de competencia estatal y autonómica, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios que ocurran en Mijas, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales, partidos políticos representados y no representados en el mismo Pleno y sindicatos profesionales, conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos de la ciudadanía mijeña planteando herramientas de todo tipo siendo apoyadas y asumidas por este Ayuntamiento dentro de las posibilidades legales y económicas locales. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

SÉPTIMO. Exigir al Gobierno andaluz una regulación del derecho de acceso a la vivienda para las andaluzas y los andaluces que lo haga efectivo para toda la población.

OCTAVO. Alinearse y apoyar a nivel municipal desde Mijas la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (http://www.quenotehipotequenlavida.org/?page_id=63) que se está impulsando a nivel estatal pidiendo su debate institucional y aprobación en beneficio de la ciudadanía. Se enviará escaneada al correo electrónico contacto@quenotehipotequenlavida.org la presente moción debidamente certificada por las autoridades locales del municipio mijeño.

NOVENO. Sumarse a nivel local al Manifiesto LA UTOPÍA por el derecho efectivo a una vivienda digna en Andalucía (http://www.paralelo36andalucia.com/por-el-derecho-efectivo-a-una-vivienda-digna-en-andalucia) incentivado por el movimiento asociativo La Corrala de Vecinas de la Utopía, Andalucía Ecológica y Primavera Andaluza. Se remitirá escaneada al correo electrónico andaluciaviviendadigna@gmail.com la presente moción debidamente certificada por las autoridades municipales mijeñas.

DÉCIMO. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a todos los partidos políticos de Mijas, organizaciones sindicales con ámbito de actuación en el municipio mijeño y a las asociaciones vecinales del pueblo de Mijas. Así como difundir en los medios públicos de comunicación locales de Mijas los acuerdos adoptados en esta moción para conocimiento general de la ciudadanía mijeña. A su vez se difundirá la presente moción, junto a los acuerdos, a los medios de comunicación de la provincia para su promoción.

Expuesta la presente Moción, a veinticuatro de octubre del año dos mil doce, firmo en nombre de Alternativa Mijeña y de Primavera Andaluza y del resto de personas ponentes, asumiéndola y pidiendo su inclusión en el Orden del Día del Pleno Municipal Ordinario del Excelentísimo Ayuntamiento del municipio andaluz de Mijas.

Juan Jesús Porras Blanco.
Concejal de Alternativa Mijeña – Los Verdes

Noticia original: Juan Jesús Porras Blanco.-Concejal de Alternativa Mijeña – Los Verdes

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