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La Junta ignoró las denuncias por pozos de agua ilegales en Doñana

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 07/01/2015

Agentes medioambientales denunciaron desde 2005 extracciones ilegales del acuífero 27 que fueron desoídas antes de que se desmantelaran los puntos de extracción

ANDALUCIA/ INTERNACIONAL

La Junta de Andalucía ignoró, al menos desde 2005, las reiteradas denuncias de sus agentes de Medio Ambiente sobre pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que acabaron desmantelándose en 2013 sin que ni la Administración autonómica ni la Fiscalía actuaran.

 

Se trata de una denuncia tan vieja como recurrente de las principales organizaciones ecologistas de este país: la existencia de numerosas extracciones ilegales en torno al famoso acuífero 27 de Doñana, el que nutre al Parque Nacional y que viene sufriendo históricamente el acoso agrícola, que pasó a ser indiscriminado durante la pasada década coincidiendo con el boom de la fresa.
Lo que no resulta tan conocido es la inacción absoluta de los poderes públicos mientras proliferaban irregularmente los pozos en el espacio natural protegido, lo que ha permitido durante años el uso y abuso de los recursos hídricos del subsuelo de Doñana para saciar intereses económicos particulares con total impunidad, como demuestran numerosas pruebas documentales a las que ha tenido acceso EL MUNDO.
Las actas de denuncia alertaban también de que se ocupaba monte público ilegalmente
Las más concluyentes son las gráficas. Muestran hasta cinco puntos de extracción distintos que estuvieron bebiendo ilegalmente desde 2005 del acuífero 27. Perfectamente localizados dentro de una finca agrícola del municipio onubense de Moguer, el carrusel de denuncias presentadas ante la Administración autonómica por los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía se perdió en todas las instancias antes de que los regantes desmantelaran los pozos.
La documentación oficial ninguneada sorprende por su precisión: al menos desde finales de 2008 se aportan fotografías y coordenadas exactas para la localización del lugar de las extracciones irregulares, detallándose que los pozos y tuberías de canalización que se habían puesto en marcha estaban funcionando a pleno rendimiento «sin autorización». Además, se destaca que estas instalaciones estaban ocupando monte público de Moguer, por el daño ecológico que esto supone en términos de deforestación.
Las sucesivas denuncias de los agentes, sin embargo, nunca prosperaron en vía administrativa. Así, en julio de 2013 registraban en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva un escrito denunciando que los cinco pozos los habían «quitado» y que «creemos que está en el ánimo de quien ha realizado u ordenado esa obra el eliminar pruebas de un posible delito o infracción administrativa».
La Junta trata ahora de regular el uso del agua definitivamente y calmar a los freseros
Para demostrarlo fehacientemente, los agentes adjuntaron un álbum con imágenes del antes (fotos de los puntos de extracción tomadas en 2008 y 2009) y el después (las pozos recién desmantelados en 2013). Pero todo quedó en los cajones de la Junta, absolutamente desbordada por la realidad del desarrollo agrario onubense, que hizo trizas del famoso Plan de Ordenación del Territorio Anexo a Doñana (Potad) aprobado por el Gobierno andaluz en 2003 -con Manuel Chaves de presidente- y que prohibía expresamente, en su artículo 45, la transformación del uso forestal y la implantación de nuevos usos agrícolas e hidraúlicos en la zona donde apareció y desapareció esta media decena de pozos denunciada por los agentes.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva conoce desde 2008 las denuncias documentadas, por un procedimiento judicial en el que salieron a relucir. Pero el Ministerio Público no ha llegado a abrir diligencias previas por estos hechos, entre otras razones porque la Administración andaluza asegura no tener constancia de las mismas en su base de datos, pese al sello oficial de entrada en registro que consta en todos los escritos referenciados de los agentes medioambientales y a las denuncias que presentaron también ante la Junta y en paralelo organizaciones como Ecologistas en Acción.
El Ejecutivo autonómico que preside Susana Díaz está centrado ahora en intentar regular definitivamente el uso del agua en el entorno de Doñana tras la aprobación hace menos de un mes del denominado Plan de la Corona Forestal. Pero aunque la actual consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la socialista María Jesús Serrano, asegura que se «garantiza el futuro socioeconómico de la comarca y la protección» del espacio, no contenta a los regantes y los ayuntamientos de la zona, que ya han logrado movilizar a decenas de miles de vecinos en defensa de sus puestos de trabajo.
La situación de tensión en la zona es más que evidente y ha ido in crescendo durante los últimos meses. Y se está demostrando que los agentes de medio ambiente, los competentes para levantar acta de infracción, resultan el eslabón más débil de la cadena. WWF denunció a finales de noviembre que tres de ellos habían sido amenazados y agredidos mientras inspeccionaban una finca fresera en la localidad onubense de Lucena del Puerto, donde acabaron literalmente sitiados por más de 200 agricultores y trabajadores de fincas cercanas supuestamente convocados a través de WhatsApp.

Noticia original: Diario El Mundo Andalucia

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