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La Fiscalía cuestiona el modo de instruir de la nueva juez del caso de los ERE

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 08/11/2015

La insta a anular las dos resoluciones por las que ha comenzado a dividir el caso porque no son correctas.

ANDALUCIA/INTERNACIONAL

Alaya cuestionó ante el CGPJ la capacidad de su sucesora para instruir la causa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sendos recursos contra dos recientes decisiones de la juez María Núñez Bolaños en el caso ERE, en los que cuestiona el modo en que la sustituta de Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla instruye la causa.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han advertido a la magistrada que la forma en que ha decidido escindir las primeras piezas separadas del caso ERE no es la correcta. Las dos resoluciones dictadas por Núñez Bolaños, «no cumplen, ni en la forma ni en el fondo, en términos de estricta corrección procesal, como garantía del adecuado ejercicio de los derechos de defensa de las partes».
Es decir, que si la juez no anula la providencia y el auto que han sido recurridos por la Fiscalía y mantiene la validez de sus dos resoluciones, podría estar dejando abierta la posibilidad de que los imputados aleguen indefensión y se anule la instrucción.
En ambos casos, los fiscales aprecian defectos que, según advierten, deberían ser subsanados anulando las resoluciones y dictando dos nuevas, siempre en forma de autos y no de providencias.
La juez debe dictar un auto mandando abrir las piezas separadas y otro auto desgajando cada rama del caso ERE. La explicación de la Fiscalía es muy técnica, señalando que ambos autos deben hacerse dentro de las diligencias de los ERE y, posteriormente, extraer las piezas separadas. Los autos deben ser, además «motivados, delimitar objetiva y subjetivamente, aun con carácter indiciario y provisional habida cuenta de que nos hallamos en fase de instrucción, el contenido de cada pieza».
En el procedimiento judicial las formas tienen una importancia transcendetal, ya que por defectos formales se pueden arruinar instrucciones enteras.
Las dos resoluciones impugnadas por Anticorrupción datan del 30 de septiembre de 2015. La primera es una providencia mediante la cual la magistrada dispuso la formación de piezas separadas para investigar las ayudas del fondo de reptiles de las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, Río Grande, Acyco y Calderinox. La segunda resolución recurrida es el auto por el que inició la investigación separada de los ERE de Surcolor.
Anticorrupción está de acuerdo con que se despiece el caso ERE en múltiples sumarios más pequeños, uno por cada ayuda o grupo de ayudas conectadas entre sí. De hecho, fue la Fiscalía la que pidió al Juzgado de Instrucción 6 -primero a Alaya y después a Núñez Bolaños- que escindiera la causa para darle un impulso, una medida a la que se opusieron casi todas las partes, salvo la Junta de Andalucía.
La juez Núñez Bolaños acordó dividir el caso como pedían los fiscales, lo que de paso le permitió prescindir de Alaya como juez en comisión de servicio, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedió tal posibilidad a Alaya sólo mientras la causa se mantuviera unida.
Pese al respaldo de la Fiscalía a tal medida, ahora está en contra de la forma en que lo ha hecho Núñez Bolaños, dando a entender que la magistrada no ha aplicado correctamente los principios que marca la ley para la apertura de piezas separadas.
Cabe recordar que Núñez Bolaños se incorporó al Juzgado de Instrucción 6 después de un largo periodo en la jurisdicción de Familia. No instruía causas penales desde que, en marzo de 2001, dejó de servir en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Jaén.
La propia Alaya dudó de la competencia de su sustituta para hacerse cargo de las macrocausas en el escrito que dirigió al Poder Judicial defendiendo que fuera ella la que instruyera esos sumarios.
Alaya, ponente en el juicio de Contsa
La juez Mercedes Alaya será la ponente en el juicio previsto a partir del próximo 16 de noviembre en la Audiencia de Sevilla por la estafa piramidal de Contsa, empresa en suspensión de pagos desde 2008 que provocó un «déficit patrimonial» de 87 millones de euros repartidos entre 1.658 acreedores. En el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados el dueño de la empresa, José Salas Burzón, para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel, y su ex esposa, Carmen B.D., para la que pide seis. Alaya fue hasta junio pasado la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que comenzó hace casi cinco años la investigación sobre el caso ERE, tras lo cual abrió otras macrocausas que afectaban a la gestión de la Junta, como los cursos de formación o los avales a empresas. La juez Alaya optó a una de las nuevas plazas en la Audiencia de Sevilla y la logró en la Sección Séptima, en la que se incorporó en junio pasado. El juicio de la inmobiliaria Contsa Corporación Empresarial será el segundo en el que intervenga Alaya desde que está en la Sección Séptima tras hacerlo con uno por tráfico de drogas, informa Efe, que cita fuentes judiciales. Otras fuentes explicaron que la defensa de Contsa pretendía llegar a un acuerdo que evitara el juicio, «más aún tras conocerse que Alaya era la ponente», aunque finalmente no habrá pacto y se celebrará la vista oral. El juicio se celebrará durante doce sesiones los lunes y martes de cada semana y acabará el 22 de diciembre si se cumple el calendario fijado por la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía acusa al dueño de la empresa de un delito societario, por el que le pide tres años de prisión; de un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita siete años de cárcel, y de un delito de insolvencia punible, por el que le reclama tres años de prisión. A su ex mujer la Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita cuatro años de cárcel, y otro de insolvencia punible por el que le pide dos años de prisión. Según la Fiscalía, ambos son responsables de la quiebra de Contsa, de «estructura piramidal» y en cuyas cuentas dejaron un déficit patrimonial de 87 millones de euros de 1.658 acreedores.

 

Noticia original: Diario: http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/07/563dbdcd22601def778b4571.html

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