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“La solución para Cataluña no es jurídica, es política”

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 11/11/2015

Sobre corrupción, la jueza en excedencia arremete contra el bipartidismo por no haber acabado con la corrupción: “Ni el PP ni el PSOE han levantado las alfombras. El Gobierno de turno no quiere que la Justicia actúe”

ANDALUCIA/ INTERNACIONAL

Rosell arremete contra la propuesta de Ciudadanos de suprimir el CGPJ: “¿Cómo va a ser mejor que los partidos concentren toda la gestión en una sola persona?”

El teléfono de Victoria Rosell (Murcia, 1968) no ha parado de sonar desde que fuera anunciada como uno de los fichajes estrella de Podemos para sus listas. Pero nada comparado con lo que ha vivido la ya exjueza de instrucción y exportavoz de Jueces para la Democracia cuando este mismo martes Pablo Iglesias ha anunciado que la nombrará ministra de Justicia en caso de formar Gobierno.
“Me ha pillado por sorpresa que lo anunciara hoy”, asegura Rosell en conversación telefónica con eldiario.es desde Las Palmas. Este mismo miércoles, la jurista aterrizará en Madrid para la presentación de los cabezas de lista de Podemos para las generales. Rosell explica que su fichaje no se fraguó en Madrid, sino en Las Palmas. “Pablo a mí no me conocía de nada”, asegura. “El mensaje salió desde Podemos Las Palmas hacia Madrid y luego fue aprobado allí”, reitera.
En esta entrevista expone sus planes para lograr una Administración de Justicia más independiente y critica la propuesta de Ciudadanos de eliminar el CGPJ. Pero sobre todo se centra en la respuesta ante el independentismo catalán y apoya la propuesta de Pablo Iglesias: ” La solución no es jurídica. La solución es política”.
¿Cómo le pidió Pablo Iglesias ser su ministra?
Me lo confirmó gente de su equipo la semana pasada. Sería un honor para mí y me alegraría mucho de que empezaran a contar con más mujeres en puestos de relevancia. Yo siempre he querido trabajar por la Justicia y ahora lo haré en el Congreso y quizá desde el Gobierno. Hay que recuperar la confianza de la gente con una Administración de Justicia digna, moderna, eficiente y con un Poder Judicial independiente.
En caso de que Podemos formara Gobierno y usted fuera ministra, se encontraría con un gran problema jurídico como es el proceso independentista en Cataluña. ¿Cómo cree que habría que afrontarlo?
La solución no es jurídica, aunque han querido forzar la posición institucional del Tribunal Constitucional. La solución es política. Podemos ha dejado muy clara su postura a favor del derecho a decidir, aunque no de la independencia. Yo no puedo aprobar la última declaración del Parlament porque es un salto cualitativo muy serio instar a no reconocer leyes ni instituciones, pero el Estado de derecho incluye, y así lo dijo el Tribunal Constitucional en un sentencia que debería leer todo el mundo [la 42/2014, que impidió la consulta del 9N], la reforma de la propia Constitución y que esta la puede instar el Parlamento catalán.
Pero mucho más importante que el desmontaje del Estado autonómico es el del Estado social, del que se está desviando la atención. Se ha dado una enorme pérdida de derechos con una legislación represiva y ninguna declaración de independencia puede borrarlo ni ocultarlo.
¿Cómo actuaría si fuera ministra de Justicia y Cataluña declarara unilateralmente la independencia?
El ámbito jurídico creo que es una mala opción, es un camino equivocado. Hay que defender el Estado de derecho, pero políticamente hay que instar la reforma de la Constitución no solo en el plano autonómico. La cuestión catalana es política y se debe resolver políticamente. En realidad tiene muy pocos flecos jurídicos.
Podemos propone blindar en la Constitución cinco grandes acuerdos. ¿Se puede hacer con una reforma u obliga a un proceso constituyente?
Se puede hacer de ambas formas. Hay un mínimo muy urgente de incorporación de derechos fundamentales y de recuperación de instituciones del Estado que han recibido un deterioro por el paso de los años y la intrusión de los partidos, que las han pervertido.
¿Qué derechos habría que incluir?
El derecho a la vivienda debe estar dentro del grupo de los derechos reforzados para garantizar su efectividad real. También el derecho a la salud y los derechos de los consumidores. Y después hay instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial que deben rehabilitarse porque por la injerencia de los partidos mayoritarios ahora mismo no son funcionales a la democracia.
Albert Rivera ha anunciado que tiene la intención de suprimir el CGPJ, ¿qué le parece la propuesta de Ciudadanos?
He seguido las reacciones de todas las asociaciones jurídicas que se muestran contrarias a esta propuesta y que la tachan de sorprendente e irresponsable.
¿Cuál es su propuesta?
Del CGPJ depende el régimen de nombramientos para los magistrados que deben juzgar a los aforados y el régimen disciplinario. Si estamos hablando de la injerencia de los partidos políticos en la independencia judicial y en lugar de los actuales 21 miembros, o 15 como propone Podemos, ¿cómo va a ser mejor que los partidos concentren toda la gestión en una sola persona? Nuestra postura es que si quieren un CGPJ independiente de los partidos, dejen votar a la ciudadanía directamente.
¿Y qué otras medidas contempla para mejorar la Justicia?
Hay que duplicar la ratio de jueces por ciudadanos hasta los 18 por 100.000 habitantes. Además, dotar a estos jueces y a su gobierno de independencia.
Entre los fichajes que ha hecho Podemos para las listas del 20 de diciembre hay otra persona del ámbito del Derecho, el constitucionalista Javier Pérez Royo. ¿Coinciden en sus planteamientos?
Jueces para la Democracia organizó su congreso este año en Cádiz para hablar precisamente de reforma de la Constitución. Y entre otros llevó a Pérez Royo. Sus planteamientos fueron muy interesantes. Él hizo una propuesta de reforma, más que de proceso constituyente, que iba más allá de la cuestión territorial y con la que yo estaba de acuerdo.
Una de las materias en las que usted más ha destacado como jueza ha sido en la defensa de los derechos de los migrantes y en concreto sobre los CIE. Aunque no dependería del Ministerio de Justicia, ¿cómo cree que hay que abordar esta materia?
Precisamente, un planteamiento que ideológicamente no es nada inocuo es que la política de inmigración esté toda en manos de Interior. Incluso aspectos como la valoración de víctimas de trata de seres humanos, que en otros países está en manos de psicólogos, en España está en manos de la policía. El tratamiento de la inmigración en España es netamente policial y todo se supedita a la política de control de fronteras. Dejamos fuera la solidaridad y los derechos humanos, que no se cumplen ni con los refugiados y mucho más con los migrantes a los que no se les reconocen estos derechos. Los CIE en España son un agujero sin derechos. El propio Ministerio del Interior reconoce que dentro no se cumplen.
¿Qué alternativa plantea?
La alternativa no es papeles para todos como dicen algunos para menospreciar las iniciativas por los derechos humanos. La alternativa es que el Estado de derecho también lo sea para ellos. Y no pasa por la privación de libertad. Su gestión no debería depender del Ministerio del Interior, porque hay otras cosas que decir desde otros ámbitos. Interior funciona con su lógica y con su inercia, encerrando a la gente y garantizando solo seguridad. Incluso los policías, a mí me consta, no están contentos con la labor que hacen en los CIE y la mayoría preferirían estar en otro destino.
Otra de las propuestas más repetidas por Podemos es acabar con la corrupción. ¿Se puede hacer?
Las leyes aprobadas durante esta legislatura son muy represivas y no han tenido incidencia en los temas de corrupción. Deberíamos ir a una ley de incompatibilidad que prohíba las puertas giratorias y que permita revisar las decisiones que se han tomado por una determinada persona, ya que apartarse del interés común puede suponer que sus actos sean declarados nulos. Además se puede pedir responsabilidad patrimonial a quienes actúan en contra de la Administración. Ni el PP ni el PSOE han levantado las alfombras porque siempre han pensado que luego volverían los otros. El Gobierno de turno no quiere que la Justicia actúe contra la corrupción.
Mencionaba al principio su condición de mujer y la necesidad de que haya más mujeres en puestos relevantes. ¿Hay un problema de machismo transversal en la política que afecta por igual a unos y otros?
Sí, hay un problema de género en la sociedad que abarca todas las instituciones y grupos humanos. Y evidentemente los partidos son un reflejo de la sociedad. Todo lo que insistamos es poco, porque la mitad de la población mundial todavía no ha alcanzado el estatus de ciudadanía que la otra mitad tiene hace mucho tiempo. E igual que se piden informes de impacto de género en todo, hasta en los planes urbanísticos, habría que analizar el impacto de género de cada palabra y de cada decisión. Incluida las de los más cercanos, porque cambiando la realidad más próxima, en círculos concéntricos, es como se cambiará la realidad del género femenino.

Noticia original: Diario: http://www.eldiario.es/politica/solucion-problema-catalan-juridica-politica_0_450756005.html

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