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Los nuevos profesores tendrán que presentar un certificado de penales

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 01/12/2015

Rechazo sindical a la exigencia del certificado de penales a los profesores

ANDALUCIA/INTERNACIONAL

CCOO denuncia la supuesta ‘violación de derechos’ ante la Defensora del Pueblo y USTEA pide la retirada de las instrucciones

La decisión del Gobierno de exigir un certificado de antecedentes penales a todos los trabajadores que desempeñen sus funciones en contacto con menores se ha topado ya con el rechazo contundente de algunas organizaciones sindicales y la paralización incluso de las órdenes emitidas con ese fin por parte de algunas comunidades autónomas.
Se trata de la aplicación de la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, aprobada en julio de este mismo año, que inhabilita para trabajar en contacto con menores a todos los condenados en firme por delitos sexuales.
La norma prevé la creación de un registro general de delincuentes sexuales. Pero, de manera transitoria hasta la puesta en marcha de esa herramienta, dispone que se exija a los trabajadores la presentación de un certificado de penales. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para que se reclame el documento a todos los trabajadores que accedan a puestos en los que se tenga trato con los menores. Y las comunidades autónomas, aunque de forma desigual, están dando traslado de esas instrucciones a los centros y organizaciones patronales.
El certificado de penales es un documento emitido por el Ministerio de Justicia en el que se recogen todas las condenas firmes por delitos. Todo tipo de delitos. Y, hasta la aprobación de la ley antes citada, se exigía exclusivamente a los trabajadores que acceden a puestos vinculados a la administración de Justicia, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y también las empresas de vigilancia privada.
Por el momento, EL MUNDO ha podido conocer que esos certificados de penales se les están reclamando ya a los profesores que se incorporen a un puesto docente en Castilla La Mancha, Andalucía o La Rioja. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar.
En Castilla La Mancha, el gobierno autonómico ha dado, al menos temporalmente, marcha atrás, ante las protestas, entre otros, del sindicato CCOO.
De hecho, este mismo sindicato tiene intención de presentar esta semana una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, porque considera que la exigencia de este certificado constituye una «actuación ilícita que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y vulnera la Ley de Protección de Datos».
Según ha explicado a este periódico el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Francisco García, con una medida de este tipo se está poniendo en manos de los empleadores una información que no es relevante (en lo que no se refiere estrictamente a los delitos sexuales) y que puede condicionar la decisión de la entidad a la hora de seleccionar a su personal.
De acuerdo con el espíritu de la ley
«Desde CCOO estamos completamente de acuerdo con el espíritu de la ley, con el fondo de la cuestión, que no es otro que evitar que haya personal con antecedentes por delitos sexuales en contacto con los niños. Pero, no podemos admitir que, para que eso se garantice, se obligue a los trabajadores a aportar un certificado de antecedentes genérico, incluyendo información sensible que puede ser utilizada en contra de los intereses del trabajador por los empleadores».
Para el sindicato, lo lógico sería agilizar la puesta en marcha del registro de delincuentes sexuales, de manera que la administración tenga conocimiento de forma prácticamente automática a través de los registros de la Seguridad Social cuando una persona con antecedentes de este tipo forme parte de un proceso de selección, tanto para los puestos públicos como para los privados.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha dado también instrucciones a sus centros educativos para que se exija el certificado de penales a los profesores interinos que se hayan incorporado como sustitutos a partir del pasado 23 de noviembre. Además, se les ha advertido de que, en caso de no aportar esa documentación, se les excluirá de la bolsa de empleo de la delegación correspondiente.
De la misma manera, los centros tendrán que exigir el certificado a todos el profesorado que se encuentre actualmente dando clases en un centro en fase de prácticas, para que el mismo le sea remitido al servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación «a la mayor brevedad posible».
En el caso de Andalucía, el sindicato USTEA ha anunciado su oposición a las instrucciones de la Consejería de Educación porque -considera- «se está poniendo bajo sospecha a todos los profesores», explica Pura Sánchez, responsable de Política Educativa de USTEA.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que la actuación de los gobiernos autonómicos que reclaman este certificado se ajusta estrictamente a lo establecido en la Ley, y considera proporcionada la medida en cuento que el bien que protege, que es el menor, prevalece por encima del bien que se sacrifica, que sería el derecho a la intimidad de los candidatos a un puesto docente.
Ahora bien, esas mismas fuentes afirman que la petición del certificado de penales (en la que se hace relación a todo tipo de condenas y no sólo a los delitos sexuales) se dicta como una medida provisional (disposición transitoria cuarta de la ley), de manera que la administración debería agilizar la creación de ese registro de delincuentes sexuales para que lo provisional no se mantenga indefinidamente en el tiempo.
Los directores de los centros deberán gestionar los documentos como ‘información reservada’ y la administración no podrá tener en cuenta en ningún caso la información penal incluida en los certificados y que no tenga nada que ver con el objeto de la ley, que es la de la inhabilitación de los candidatos con antecedentes por delitos sexuales. Así, por ejemplo, un candidato no podrá ser rechazado ni valorado negativamente en el acceso a un puesto de trabajo por que tenga una condena anterior por un delito fiscal o un delito de tráfico.
Pero, si en la administración los procesos de selección siguen unas reglas más o menos transparentes, ¿qué pasa con los empleadores privados, en los que el margen de arbitrariedad es mucho mayor a la hora de seleccionar al personal? ¿Se puede entonces garantizar que la información que no afecta a los antecedentes por delitos sexuales no va a influir en los procesos?
En su escrito ante la Defensora del Pueblo, CCOO cita a varias organizaciones patronales que ya están reclamando este certificado, entre ellas las de los centros educativos de enseñanza privada concertada, la de los centros de atención a personas con discapacidad y la de los centros de reforma y protección de menores y de ocio educativo, todas ellas en la comunidad de La Rioja.
En ese documento, se subraya que, reclamando ese certificado «se vulnera el derecho a un proceso justo, dado que tanto los empresarios como la administración educativa, no son órganos competentes para juzgar los antecedentes de un ciudadano, que reiteramos, el ordenamiento jurídico no habilita».

Noticia Original: Diario http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/01/565dc0c1ca474153768b45c2.html

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