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Díaz usa el Parlamento para eliminar controles en el reparto de ayudas

Posted by Noticiario centro de Andalucia en 26/02/2016

PSOE y C’s aprueban pedir a la Junta que suprima requisitos marcados por la ley a los ayuntamientos para recibir subvenciones

ANDALUCIA/ INTERNACIONAL

La presidenta se parapeta en la Cámara autonómica y elude así cualquier responsabilidad legal en caso de irregularidades

El PSOE andaluz culminó el jueves una maniobra política para flexibilizar los requisitos exigidos a los ayuntamientos a la hora de recibir subvenciones para planes de empleo. En plena investigación judicial por el fraude de los cursos de formación, y con una comisión de investigación abierta por este motivo, Susana Díaz no quiere asumir ninguna responsabilidad legal en esta materia. Por este motivo, su aliado en el Parlamento, Ciudadanos, presentó una proposición no de ley que insta al Consejo de Gobierno andaluz a modificar por decreto una ley aprobada por él mismo hace apenas dos meses, el 29 de diciembre.
Se trata de la ley 2/2015 de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. En ella se regulan el Programa de Emple@Joven; la Iniciativa @Emprende+ y el Programa Emple@30+.
Dos meses después, esos programas no están dando el resultado esperado, ya que los ayuntamientos que se acogen a ellos tienen numerosos problemas para cumplir requisitos de la Ley General de Subvenciones y la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, como no tener deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. De esta manera, la Junta de Andalucía, a instancias del Parlamento andaluz, les exime de esa obligación legal. Además, la propuesta, aprobada con el voto de PSOE y Ciudadanos, con apoyos en algunos apartados de Podemos y del PP, libera a los ayuntamientos de los siguientes requisitos para acceder a esa subvenciones europeas: haber sido condenado por sentencia judicial firme o sancionado por resolución administrativa firme en los últimos tres años, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales;haber sido condenado por despido improcedente o nulo en el año inmediatamente anterior a la convocatoria de las ayudas; y haber sido sancionado o condenado por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias.
Más llamativo resulta que el Parlamento permita a los ayuntamientos recibir esa subvención cuando tengan abierto un procedimiento de reintegro de otras ayudas por parte de la Junta, al haber detectado alguna irregularidad en su tramitación. En definitiva, todos estos controles desaparecen ahora. Lo significativo de la operación política es que Susana Díaz y su gabinete se lavan las manos en esta flexibilización de los controles al ser el Parlamento quien lo solicita.
«Se trata pues en esencia únicamente de incluir una exceptuación para las corporaciones locales del cumplimiento de las obligaciones mencionadas, al objeto de que las iniciativas que contiene la ley se desarrollen en su integridad (…) dentro del marco comprendido en el diseño de esta política pública por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio», reza la propuesta deC’s.
Precisamente el titular de la Consejería, José Sánchez Maldonado, maniobró en el mes de noviembre para que el Parlamento exonerara de forma masiva a los ayuntamientos de la obligación de justificar subvenciones como requisito para seguir concediéndoles las ayudas millonarias incluidas en los planes de empleo aprobados por la Junta en 2014 y 2015 con fondos procedentes de la Unión Europea.
La exoneración de las subvenciones está en el punto de mira de las investigaciones judiciales por el presunto fraude de la formación, después de que el Gobierno andaluz hiciera uso de forma habitual de un mecanismo ‘excepcional’.
De hecho, hay tres ex consejeros de Empleo de la Junta -Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila- que están imputados por prevaricación y malversación de fibdispor firmar esas exoneraciones. La propia Susana Díaz ha presumido repetidas veces de la decisión de su Gobierno de «no exonerar ningún tipo de ayuda sin justificar las anteriores» porque es «la mejor manera de evitar fraudes». Ahora, y gracias a Ciudadanos, es el Parlamento quien pide reducir los controles.

 

Noticia original: Diario: http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/02/26/56d0904f268e3eb1448b45bb.html

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