El nuevo ICO andaluz canalizará todos los programas de incentivos para pymes y emprendedores

Su dotación presupuestaria será mayor a esos 150 millones anunciados hace quince días en incentivos reembolsables a pymes industriales.

ANDALUCIA/ INTERNACIONAL

El grueso de la actividad de esta entidad estará vinculado a la Consejería de Economía y Empleo.

El embrión del futuro instituto público de crédito andaluz fueron los 150 millones de incentivos reembolsables para pymes industriales anunciados hace apenas quince días por el Gobierno andaluz. Pero habrá más. En los presupuestos autonómicos que se presentarán el próximo martes estará pintada la creación del ICO andaluz y llevará aparejada cifras muy superiores, según adelantaron fuentes del Ejecutivo. Buena parte de los programas vinculados a apoyar la iniciativa empresarial, especialmente, las pequeñas y medianas empresas, que son las que están encontrando más dificultades para acceder al crédito, se canalizarán a través de este nuevo ente, por lo que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo será la principal beneficiaria al ser la que gestiona buena parte de los fondos (pymes agroalimentarias, turísticas, culturales, industriales, internacionalización o emprendedores tecnológicos).
Con la creación de esta entidad, no sólo se daría respuesta a una demanda de los empresarios andaluces, abriendo nuevas posibilidades de acceso a recursos financieros para mantener a flote muchas empresas y generar empleo, sino que además, en el plano político, se resuelven dos cuestiones: el compromiso asumido en su discurso de investidura por la presidenta andaluza, Susana Díaz, de pasar de la cultura de la subvención a los incentivos reembolsables, y se cumple uno de los puntos clave en el pacto de gobierno PSOE e IU.
El ICO andaluz que saldrá adelante habrá que ver qué grado de encaje tiene con el modelo de banca pública que ha venido defendiendo IU. Esta entidad, por su estructura, será más fácil para su creación y permitirá disponer de personal de la propia administración, mientras la banca pública que propone IU es más compleja. De hecho, tras meses de reuniones en un grupo de trabajo, las conclusiones de la coalición de izquierdas era que en estos presupuestos se consignaran 4 millones de euros, que englobarían el capital social inicial (3,6 millones) y los primeros productos y procedimientos de control interno (400.000 euros), para la puesta en marcha definitiva en 2015 de esta entidad financiera, ya con 200 millones de capital, que sería una sociedad anónima controlada por el Parlamento, y que tendría una oficina por provincia. En este proyecto, abrirían la puerta a la participación del Gobierno central, a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que inyectaran 1.500 millones de euros a la financiación de la entidad.
Esta entidad no será el único instrumento que presupuestariamente ayudará a un mejor uso y fiscalización de lo que se hace con cada céntimo de dinero público, en este caso, para ayudar a la iniciativa empresarial y el mantenimiento o la generación de empleo. En las próximas cuentas andaluzas, tal y como anunció Díaz en la sesión de control en el Parlamento andaluz, también estará incluido el informe encargado a la Intervención General de la Junta de Andalucía para endurecer la vigilancia en las transferencias de financiación: si antes se hacía con posterioridad a su creación, ahora se harán antes y después.
Con esta medida, lo que se persigue es poner todos los filtros posibles para evitar que puedan darse casos como el de los ERE. Y Díaz rentabilizó la operación: “No me va a ganar en la lucha contra la corrupción”, espetó al presidente del PP y portavoz de la oposición, Juan Ignacio Zoido, quien de nuevo le presentó su batería de preguntas, esta vez algo ampliada, sobre este y otros casos que viene repitiendo pleno tras pleno y sin respuesta. En el cuestionario, amén de si la Junta va a entregar todos los expedientes que le reclama la justicia sobre los ERE e Invercaria, si se va a personar en todas las causas y si va entregar toda la lista de altos cargos que le reclama el PP, también le ha preguntado si piensa como el expresidente andaluz Manuel Chaves de que en la Junta “puede robar cualquiera” o si se ha dado instrucciones a los altos cargos que comparecen ante la juez instructora por los ERE para que no declaren.
Esto último puso en bandeja a la presidenta de la Junta la réplica. Si hasta ahora, Díaz ha hecho más de una referencia a que Zoido es un presidente del PP en situación de “salida” constante, esta vez, aparte de cuestionarle como líder de su partido, se permitió cuestionarle como juez en excedencia.
LA REFORMA LOCAL Y LA LOMCE EN EL CONSTITUCIONAL
En esta táctica del “batiburrillo” en la que se están convirtiendo los duelos quincenales en la Cámara entre Díaz y Zoido, también hubo espacio para discutir sobre el paro, los presupuestos andaluces o la eficacia de la Administración andaluza, con cruces de números y datos de un escaño a otro. Al menos, de las intervenciones de los dos portavoces de IU y PSOE, José Antonio Castro y Francisco Álvarez de la Chica, sí se sacó algo en claro: la presidenta anunció que la Junta llevará ante el Tribunal Constitucional tanto la Reforma Local como la Ley Wert.
En el primer caso, coincidió con el análisis de Castro de que la Reforma Local no es más que una maniobra para proceder a un desmantelamiento del estado del bienestar, camuflado bajo una recentralización del poder quitándoselo a los ayuntamientos, y abrir las puertas a la privatización de los servicios públicos. La norma, tal y como está redactada ahora, choca frontalmente con el Estatuto de Andalucía, por lo que si una vez superado el trámite en el Congreso de los Diputados sale igual, no dudarán en acudir al TC por considerar que es una ley nacida no para fortalecer la democracia sino para “mutilarla”.
En el caso de la LOMCE, las posibilidades de recursos son más limitadas al tratarse de una ley básica y, por tanto, de obligado cumplimiento para las comunidades. La Junta intentará una especie de insumisión parcial:impartirá la asignatura Educación para la Ciudadanía, no concertará con centros que segreguen por sexo, intentará minimizar el impacto negativo de esta norma dentro de sus competencias, y recurrirá al Constitucional aquellos artículos que vulneren la igualdad de oportunidades y la universalidad del derecho a la educación.

Noticia original: Diario andalucesdiario.es Andalucia